UGT cree que reforma local podría suponer pérdida de 300.000 empleos públicos.

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha denunciado hoy que el anteproyecto de ley de bases de régimen local podría suponer la pérdida de unos 300.000 empleos públicos en los ayuntamientos, el 60 % del total de trabajadores municipales.

La secretaria de acción sindical de UGT, Carmen Barrera, ha hecho estas declaraciones a Efe tras presentar un decálogo de propuestas para hacer frente a las medidas que plantea la ley y que, en su opinión, no ofrece soluciones en materia de personal y sólo busca privatizar los servicios públicos que prestan los entes locales.

"Parece que no sea importante que se plantee una ley que pueda suprimir servicios públicos", ha señalado.

Barrera se ha mostrado muy crítica con el proyecto de ley al considerar que termina con "el desarrollo democrático" que planteaba que todos los ciudadanos tuvieran "los mismos derechos vivieran donde vivieran", en referencia a la pérdida de servicios públicos en algunos ayuntamientos, y ha añadido que "la ley termina con eso sin ningún tipo de sonrojo".

Este proyecto de ley busca, en su opinión, "preparar" a las entidades locales para que las empresas privadas se encarguen de los servicios que ahora prestan, por lo que el ahorro que supondría el despido de los trabajadores públicos sería "momentáneo" ya que las compañías que presten esos servicios tendrán un alto coste.

La dirigente sindical ha asegurado que "para que salgan las cuentas" se establecerá un sistema de "copago" por los servicios locales, lo que atenuaría aún más el ahorro.

Frente a este proceso que podría afectar al 60 % de los empleados públicos en los municipios, UGT planteará un proceso de negociación "apelando" a las comunidades autónomas para conseguir que las soluciones puedan abarcara a todos los ayuntamientos de cada región.

"Hay que tratar de buscar soluciones tipo paraguas que partan de la comunidad para que afecten a todos su municipios", ha señalado.

Durante ese proceso de diálogo, el sindicato planteará a las comunidades que se apliquen los artículos que ya propuso durante el proceso de redacción del proyecto de ley que, en opinión de Barrera, "mejorarían la ley" pero que "no han sido atendidas".

Entre las reivindicaciones para evitar que 300.000 empleados se vean afectados, UGT solicita que para hacer frente a necesidades de reestructuración de personal se siga el modelo de gestión de la UE. 

fuente: 22/05/2013 · 11:07 · Efe

CCOO critica la reforma local porque perjudica a la ciudadanía y a los empleados públicos.

Para la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO las medidas planteadas por el Gobierno significan la destrucción de miles de puestos de trabajo, la supresión de servicios públicos y un nuevo ataque a la calidad de los mismos y a las retribuciones y volumen de sus empleadas y empleados.

El Sector de la Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO denuncia que la reforma planteada por el Gobierno, plasmada en el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad la Administración Local, esta hecha con la finalidad de reducir la dimensión, proyección e intervención de los poderes públicos, con un fuerte impacto en los derechos laborales y en los servicios de la ciudadanía, y sobre la información y control público de la actividad económica.

CCOO considera que el anteproyecto de ley declara el imperativo de favorecer la iniciativa privada para evitar lo que, a juicio del Gobierno, son “intervenciones administrativas desproporcionadas”, lo que constituye una declaración meramente ideológica que nada tiene que ver con la eficacia tanto en la prestación de servicios como en su gestión económica.

Este enfoque limita injustificadamente la autonomía local y no considera las variables de proximidad, participación, fiscalidad y ordenación del territorio, como enfoque de modernización y eficiencia, de conformidad con los principios establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por el Estado Español.

El Estado pretende, con el pretexto de la crisis, anular a los ayuntamientos y por consiguiente reducir empleos públicos en las entidades que han mostrado una mejor adaptación a la crisis ya que, según los propios datos del Gobierno, su déficit ha sido del 0% durante el año 2012.

Por todo ello, el Sector de la Administración Local de la FSC-CCOO considera que estamos ante un verdadero plan de ajuste con destrucción de miles de puestos de trabajo (algo compartido por UGT, que advierte de la posible destrucción de 300.000 puestos) y la correspondiente supresión de servicios públicos, sin información ni evaluación veraz del impacto real en la efectiva prestación, extensión y calidad de los servicios públicos, mientras que el Gobierno oculta y esconde los informes en los que se basa para emprender y evaluar esta medida.

La Cumbre Social ya mostró su rechazo

La novena sesión plenaria de la Cumbre Social celebrada a finales de abril, ya había abordado el Anteproyecto, reprochándole que "no pretende una reforma de la Administración Local, sino que supone el mayor ataque a la autonomía municipal y al propio sistema democrático desde 1979", porque con él, el Gobierno impulsa la recentralización del Estado y hace añicos la legitimidad de las instituciones locales elegidas por la ciudadanía, al introducir un acentuado sesgo ideológico en la estructura de representación política, que minará la pluralidad y los derechos democráticos, al desvirtuar la libertad de elección ciudadana de los gobiernos locales.

fuente: Lexdiario.es 22/05/2013