Notícies del feix-buc: "Prada pide a la juez que interrogue a ocho presuntos espías de Aguirre"

La companyera Carmen Sánchez Carazo, ens envia aquest 'post', molt interessant ....
" Prada pide a la juez que interrogue a ocho presuntos espías de Aguirre "
El ex consejero de Aguirre y miembro de la dirección nacional del PP Alfredo Prada quiere agilizar la investigación judicial del espionaje que sufrió por agentes de la Comunidad de Madrid. Para ello, ha pedido la declaración como imputados de ocho agentes de la Consejería de Interior que dirige Francisco Granados y que se les someta a una prueba caligráfica para cotejarla con los partes del seguimiento. Tal iniciativa de Prada, que evitó realizar antes de los pasados comicios europeos para no perjudicar a su partido, tiene un claro contexto. La investigación del espionaje por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre al ex consejero de Justicia y ex vicepresidente madrileño Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo -ambos afines a Rajoy- avanza lentamente. Tres meses después de que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, solicitase a Telefónica los posicionamientos de los móviles de seis de los funcionarios sospechosos durante los meses del seguimiento a ambos políticos del PP (marzo a mayo de 2008, en vísperas del congreso por el liderazgo del PP), la respuesta aún no se ha incorporado al sumario que instruye la juez Carmen Valcarce por un presunto delito de malversación de fondos.
Tampoco ha sido citado ninguno de los sospechosos ante dicho juzgado, el número cinco de Instrucción de Madrid, que asumió la denuncia de Cobo y las pesquisas de la fiscalía a resultas de otra denuncia de Prada. Por último, tampoco ha sido ordenada una prueba pericial para cotejar los partes de los espías con la grafía de los agentes de Aguirre sospechosos. Ni siquiera Prada, víctima destacada de este espionaje, ha sido interrogado por la juez.
Por todo ello, Prada ha remitido un escrito al juzgado en el que solicita, como primera medida, que le tome declaración para ratificar y ampliar su denuncia de hace medio año ante Moix.
Prada pide que la juez interrogue como imputados a los siguientes ocho agentes de la Consejería de Interior, a las órdenes de Granados: José Manuel Pinto y José Palomo trabajadores de la Consejería que puso bajo su mando directo el ex director general de Seguridad Sergio Gamón; los ex guardias civiles fichados por Granados José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro; y tres ex policías con los que Gamón trabajó en anteriores destinos: Belén Esparteros, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles.
Pinto, de baja en el servicio junto con Palomo desde hace meses a raíz del escándalo, fue identificado por una doble pericial caligráfica encargada por este diario como el autor de varias anotaciones manuscritas que figuraban en los partes donde los espías relataban todas sus observaciones sobre los movimientos de Prada y Cobo. La lentitud del proceso es tanto más notable si se tiene en cuenta que Moix ordenó las primeras pesquisas policiales el 30 de enero a raíz de las informaciones publicadas por este diario que destaparon este escándalo.
Buena parte de los agentes cuyo interrogatorio judicial exige ahora Prada ya declararon ante la policía bajo las órdenes de Moix. Todos alegaron no recordar dónde estaban en los momentos descritos por los partes del espionaje a Cobo o a Prada, y que tampoco tenían una agenda a la que acudir para refrescar su memoria. Su tono fue calcado.
Ahora se verán en la tesitura de mantener tal versión ante la juez con el riesgo de que, si los posicionamientos teléfonicos o cualquier prueba colateral (repostajes, facturas, dietas...) la contradice, podrían verse en un serio problema jurídico en su afán por ocultar un delito del que no son presuntamente autores, ya que la malversación de fondos que persigue la juez salpica, en principio, sólo a sus jefes en la Consejería de Interior. Granados hasta ahora ha proclamado que él no ordenó tal espionaje, pero no pone la mano en el fuego por la actuación de todos sus agentes en torno a tales hechos. Cunde el desamparo entre el colectivo de espías.
Nombres propios del espionaje político en Madrid- Noviembre de 2003-junio de 2007. Alfredo Prada es vicepresidente y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. En su mandato la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ficha a Sergio Gamón como director general de Seguridad Ciudadana. En la consejería ya estaban José Manuel Pinto y José Palomo.
- Junio de 2007. Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y consejero de Presidencia, asume las competencias de Interior. Prada se queda sólo con Justicia. Gamón ficha a los policías Belén Esparteros, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles. [Los tres, junto a Pinto y Palomo, están en la lista que Prada ha remitido al juez para que les tome declaración].
- Septiembre de 2007. Granados ficha como asesores de seguridad a los guardias civiles de Valdemoro (de donde fue alcalde) José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro. [Prada también pide que se impute a los tres].
- Abril y mayo de 2008. Prada y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, son objeto de seguimientos que quedan plasmados en partes.
- Junio de 2008. Granados ficha a Marcos Peña como jefe del departamento de asesores de seguridad. Peña asegura en enero de 2009 que hace informes para Granados sobre tramas de corrupción, que afectan a municipios gobernados por alcaldes socialistas, y sobre diversos escándalos.
- Junio de 2008. Rajoy es reelegido presidente del PP. Prada le apoya. Aguirre le destituye como consejero de Justicia. En septiembre, Rajoy le da un cargo en la dirección del PP.
- Junio de 2008. Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, registra una sede de la Consejería de Justicia y requisa un ordenador donde había supuestamente informes confidenciales.
- Julio de 2008. Granados destituye a Gamón como director general de Seguridad Ciudadana.
- Agosto de 2008. Espionaje a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en un viaje oficial a Cartagena de Indias (Colombia).

Notícies del feix-buc: Esperanza Aguirre suspende en dependencia.

Des del feix-buc (facebook), la compañera Carmen Sanchez Carazo, nos envía el siguiente 'post', que publicamos por su interés y semejanza con la situación que padecemos los valencianos por parte del gobierno popular de Paco Camps & Cia.

La Ley de autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia regula el derecho de todas las personas dependientes a ser atendidas, en igualdad de condiciones, independientemente del lugar en donde vivan. La propia ley señala que la competencia de su aplicación es de las Comunidades Autónomas. En otras palabras, en la Comunidad de Madrid, la responsabilidad del funcionamiento de la Ley de Dependencia –al igual que de los Servicios Sociales- es del Gobierno regional y sólo del gobierno regional. Por tanto, Esperanza Aguirre es la máxima responsable de los éxitos y de los fracasos; de los avances y de los retrocesos de la aplicación de la ley de dependencia en la Comunidad de Madrid.
Esperanza Aguirre es la máxima responsable de que Madrid esté a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia y de que suspenda todos y cada uno de los exámenes que sobre ella se han llevado a cabo. Ella, al igual que en otros muchos asuntos –véanse sus declaraciones sobre el espionaje político o la corrupción en sus filas- no asume ninguna responsabilidad. En el caso que nos ocupa, afirma que los malos resultados de Madrid son debidos a que el Gobierno de España destina poco dinero a la Dependencia; algo que evidentemente es falso y que no suscribirían los presidentes de aquellas comunidades gobernadas por el PP y con mejores resultados que Madrid o la Comunidad Valenciana.
Cada vez que Esperanza Aguirre habla del dinero que la Comunidad de Madrid destina a la Dependencia, en realidad se refiere al dinero que destina a los Servicios Sociales, que son, no lo olvidemos, competencia exclusivamente suya. La ley de Dependencia no es un nuevo servicio social, sino un nuevo derecho de ciudadanía. La ley establece que no puede haber en España ninguna persona en situación de dependencia sin la atención que precise, que la administración responsable de dicha atención es la Comunidad Autónoma, que ésta acuerda con los Ayuntamientos cómo participan en su aplicación y que, consciente del esfuerzo presupuestario que supone la aplicación de la ley, el Gobierno de España garantiza financieramente el nivel mínimo de protección de estos nuevos usuarios y coopera económicamente en el desarrollo y aplicación de las prestaciones y servicios contemplados en la ley, habiéndose comprometido las Comunidades a aportar, al menos, el mismo dinero que el Gobierno de España.
En definitiva, la ley implica que las Comunidades Autónomas –y por tanto Madrid- han de elaborar sus Presupuestos teniendo en cuenta las prestaciones y los servicios que venían prestando a sus ciudadanos y los que se precisen para dar respuesta a los “nuevos” usuarios (dependientes o no).
Para la aplicación de la Ley de Dependencia, el Gobierno de España da dinero a las Comunidades por dos vías: El nivel acordado mediante convenio, que es proporcional al número de habitantes de cada Comunidad, y el nivel mínimo, que depende del número de personas dependientes atendidas y que se percibe mes a mes –ya se ha recibido lo correspondiente a enero y febrero de 2009-. Este año, la Comunidad de Madrid ha recibido, además, 38 millones de euros por el Plan-E, fondo de 400 millones de euros para la ayuda a las personas en situación de dependencia.
En la Comunidad de Madrid los presupuestos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de estos últimos años ponen de manifiesto el incumplimiento de los compromisos de Esperanza Aguirre. En 2009, por ejemplo, el aumento del presupuesto de la Consejería (61 millones de euros) es menor que el dinero que recibe del Gobierno de España (alrededor de 100 millones).
En situaciones de crisis económica, como la actual, los servicios sociales son especialmente importantes. Por las prestaciones y servicios que presta y por lo que suponen de creación de puestos de trabajo. Según las estimaciones que hacen los expertos, con la puesta en marcha de la Ley de dependencia se podrían crear en nuestra comunidad unos 40.000 puestos de trabajo.
Por todo ello, yo me pregunto: ¿Qué hace Esperanza Aguirre con el dinero que el Gobierno de España da para atender a las personas en situación de dependencia? ¿Por qué Madrid va a la cola en la aplicación de la ley?
(imagen de la izquierda, y de la derecha) * Carmen Sánchez Carazo es Concejala del Ayuntamiento de Madrid y portavoz de Sanidad, Discapacidad y Mayores. Grupo Socialista.