... el Gobierno del PP está preparando una reforma salvaje de la actual Ley orgánica 2/2010 de Salud Sexual, reproductiva y de interrupción del embarazo, ...

Estimada/o Compañera/o,

Como todos y todas sabréis el Gobierno del PP está preparando una reforma salvaje de la actual Ley orgánica 2/2010 de Salud Sexual, reproductiva y de interrupción del embarazo, una reforma que nos preocupa mucho a los y las socialistas, pues supone un tremendo paso atrás en nuestra legislación y lo que es más importante, supone eliminar derechos a las mujeres. Para que estés informado, te envío todos los argumentarios que se han preparado desde la Secretaría Federal de Igualdad.

De nuevo te pedimos tu colaboración para detener esta reforma, que nos hará retroceder 30 años en materia de derechos de la mujer.

ACCIÓN 1. Utiliza el hashtag #NosotrasDecidimos y comparte esta imagen sobre el derecho a decidir

- Súmate al hashtag #NosotrasDecidimos para defender en Twitter el derecho de las mujeres a decidir.

- Comparte esta imagen (también adjunta) con una de las frases más contundentes que ha lanzado Elena Valenciano al ministro Gallardón.

ACCIÓN 2. Conoce y comparte la intervención completa de Elena Valenciano en el Congreso defendiendo el derecho a decidir de las mujeres.

Puedes compartir estos vídeos con la intervención completa de Elena Valenciano:

Tuit: #NosotrasDecidimos http://youtu.be/93aABp6CqsY

Tuit: "Las mujeres de su entorno abortarán con garantías, las demás no" "Las mujeres de su entorno abortarán con garantías, las demás no" #NosotrasDecidimos
ACCIÓN 3. Comparte nuestro argumentario

Conoce nuestro argumentario sobre la reforma de la Ley del Aborto que pretende llevar a cabo el gobierno del PP.

http://www.psoe.es/source-media/000000555500/000000555853.pdf

Y además y por todo ello la CEF ha organizado un acto el próximo domingo 28 de abril, en el que contaremos con la participación de representantes de los colectivos más implicados en esta ley: asociaciones de planificación familiar, juristas, colectivos de mujeres y profesionales médicos.

En el acto intervendrá nuestro Secretario General, Alfredo Pérez Rubalcaba y Purificación Causapié, Secretaria de Igualdad.

Tendrá lugar en la sede del PSOE en la C/ Ferraz 70, a las 12:00 horas, el próximo domingo 28 de abril.

Vamos a poner todo nuestro esfuerzo y trabajo en parar esta reforma que elimina derechos a las mujeres y pone en peligro su salud, contamos contigo el domingo!!

Se ruega confirmación en al correo igualdad@psoe.es

Sin más, y agradeciéndote tu colaboración, recibe un cordial saludo socialista,

 Toñi Serna Serrano.  Secretaria de Organización. CEP, Alicante   

Mª Ángeles Rochel Icardo. Secretaria de Igualdad y Movimientos Sociales.

CEP, Alicante

POR IMPEDIR QUE SE SUSPENDA PARA JUZGAR SI UNA CLÁUSULA ES ABUSIVALa normativa española que regula el procedimiento de ejecución hipotecaria es contraria al Derecho de la UE

POR IMPEDIR QUE SE SUSPENDA PARA JUZGAR SI UNA CLÁUSULA ES ABUSIVA

La normativa española que regula el procedimiento de ejecución hipotecaria es contraria al Derecho de la UE

La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión, según ha fallado hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-415/11 .

La normativa española enumera los motivos, muy limitados, por los que un  deudor puede oponerse al procedimiento de ejecución de una hipoteca. Entre esos motivos no figura la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo hipotecario. De este modo, esta circunstancia sólo puede invocarse en un procedimiento declarativo separado, que no suspende el procedimiento de ejecución hipotecaria. Además, en el procedimiento de ejecución español, la adjudicación final de un bien hipotecado a un tercero –como un banco– adquiere, en principio, carácter irreversible. Por consiguiente, si la decisión del juez que conozca del proceso declarativo por la que declare abusiva una cláusula de un contrato de préstamo –y, por tanto, la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria– se pronuncia después de que se haya llevado a cabo la ejecución, esa decisión sólo puede garantizar al consumidor una protección a posteriori, meramente indemnizatoria, sin que la persona expulsada pueda recuperar la propiedad de su vivienda.

En julio de 2007, el Sr. Aziz, nacional marroquí que trabajaba en España, suscribió con el banco Catalunyacaixa un contrato de préstamo con garantía hipotecaria de 138.000 euros sobre su vivienda familiar. Desde junio de 2008 dejó de pagar sus  cuotas mensuales. Tras requerirle infructuosamente el pago, el banco inició un procedimiento de ejecución contra él. El Sr. Aziz no compareció, por lo que se ordenó la ejecución. Se celebró la subasta pública del inmueble sin que se presentara ninguna oferta, de modo que, con arreglo a la normativa española, el bien se adjudicó al banco por el 50 % de su valor. El 20 de enero de 2011 el Sr. Aziz fue expulsado de su vivienda. Poco antes, había presentando una demanda solicitando que se anulara una cláusula del contrato de préstamo hipotecario por su carácter abusivo y, en consecuencia, que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria.

En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, que conoce del litigio, decidió preguntar al Tribunal de Justicia, por una parte, sobre la conformidad del Derecho español 2 con la Directiva sobre las cláusulas abusivas, 3 al considerar que hace que resulte muy complicado para el juez garantizar una protección eficaz del consumidor, y, por otra parte, sobre los elementos constitutivos del concepto de «cláusula abusiva» en el sentido de esa Directiva.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia responde, en primer lugar, que la Directiva sobre las cláusulas abusivas se opone a una normativa nacional, como la normativa española en cuestión, que no permite al juez que conozca del proceso declarativo, es decir, el que tiene por objeto declarar el carácter abusivo de una cláusula– adoptar medidascautelares, en particular la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final.

Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que, a falta de armonización de los mecanismos nacionales de ejecución forzosa, los motivos de oposición admitidos en el procedimiento de ejecución hipotecaria y las facultades conferidas al juez que conozca  del proceso declarativo forman parte del ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros. Sin embargo, esa normativa no puede ser menos favorable que la que rige situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no debe hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad).

Pues bien, en lo que respecta a este último principio, el Tribunal de Justicia considera que el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva. Así sucede en todos los casos en que la ejecución de un inmueble se lleve a cabo antes de que el juez que conozca del proceso declarativo declare abusiva la cláusula contractual en la que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución. En efecto, dado que el juez que conozca del proceso declarativo no tiene la posibilidad de suspender el procedimiento de ejecución, esa declaración de nulidad sólo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria. Dicha indemnización resulta incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas. Así ocurre con mayor razón cuando, como en este caso, el bien hipotecado es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia, puesto que ese mecanismo de protección de los consumidores limitado al pago de una indemnización por daños y perjuicios no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda. Así pues, basta con que los profesionales inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la Directiva.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva confiere a estos últimos.

En segundo lugar, al  examinar el concepto de cláusula abusiva, el Tribunal de Justicia recuerda que el «desequilibrio importante» creado por tales cláusulas debe apreciarse teniendo en cuenta las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos examinar la situación jurídica en que se encuentra el consumidor a la vista de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de las cláusulas abusivas. Para determinar si el desequilibrio se causa «pese a las exigencias de la buena fe», es preciso comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual.

El órgano jurisdiccional nacional deberá comprobar, a la luz de estos criterios, si la cláusula de intereses de demora incluida en el contrato firmado por el Sr. Aziz es abusiva. La cláusula establece unos intereses de demora anuales del 18,75 % automáticamente devengables respecto de las cantidades no satisfechas a su vencimiento, sin necesidad de reclamación. En particular, deberá comparar ese tipo de interés con el tipo de interés legal 5 y verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que el interés de demora persigue en España y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos.

Además, la cláusula relativa al vencimiento anticipado del contrato del que se trata permite al banco declarar exigible la totalidad del préstamo después de un solo incumplimiento de la obligación  de  pago  del  capital  o  de  los  intereses.  El  juez  nacional  deberá  comprobar especialmente si esa facultad depende de que el consumidor haya incumplido una obligación esencial del contrato y si el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo.

Por último, la cláusula relativa a la liquidación unilateral de la deuda impagada del contrato estipula que el banco puede presentar directamente la liquidación de su importe para iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria. El juez nacional deberá apreciar si –y en qué medida– esa cláusula dificulta el acceso del consumidor a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa, a la vista de los medios procesales de que dispone.

Així va ser i així vos ho contem: Jose Luis Rodríguez Zapatero al Congrés dels Diputats a Madrid. Presentación Estrategia de la Economía Sostenible.

Notícies del feix-buc. Raúl Santiago García López ens envia la intervenció de Jose Luis Rodríguez Zapatero, davant els diputats al Congrés, que tot seguit, transcribim textualment:

Señor Presidente, Señoras y señores diputados,
Comparezco hoy ante la Cámara para presentar la Estrategia de la Economía Sostenible.
Con ella, el Gobierno pretende impulsar la recuperación de la economía española por una senda de crecimiento equilibrado y generador de empleo.
La Estrategia, en efecto, es un plan global de reformas que responde a una firme convicción: necesitamos apoyar la recuperación de la economía en una renovación profunda de su patrón productivo, mejorando al mismo tiempo su competitividad.
Este es el objetivo. Un objetivo que no sólo trasciende las posibilidades de una sola ley, sino también las de un solo Gobierno y de una sola Legislatura.
La pieza central de la Estrategia es, sin duda, la Ley de Economía Sostenible. Pero aquella no se agota en ésta. No es posible desarrollar todos los cambios que pueden incidir en el nuevo modelo productivo en un único texto normativo, por ambicioso que quiera ser; y éste pretende serlo.
La consecución del objetivo propuesto requiere de un compromiso permanente y sostenido en el tiempo, de un conjunto muy variado de iniciativas normativas y de acciones singulares, y hasta de nuevas pautas sociales.
Por esta razón, el Gobierno asume en la Estrategia la responsabilidad de impulsar, además de la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, un conjunto de reformas, periodificadas en los próximos dieciocho meses para que entren en vigor en esta Legislatura.
Las reformas afectarán a todos los ámbitos relevantes para la renovación del modelo productivo, a todos los que puedan contribuir a la recuperación económica y el empleo. A todos.
El Gobierno va a promover los cambios pidiendo la implicación y colaboración de los actores institucionales y sociales correspondientes. Igualmente, se empeñará, con carácter general, en propiciar el mayor diálogo y lograr los más amplios acuerdos posibles con los Grupos de parlamentarios. Cada una de las nuevas iniciativas que enviemos a esta Cámara nos dará oportunidad para ello.
Señoras y Señores diputados,
En el pasado Debate sobre el estado de la Nación afirmé que las decisiones que adoptáramos en estos meses iban a ser “determinantes para el futuro de nuestro país”, y añadí que “no saldremos de la crisis sin cambios, sin hacer determinadas opciones y sin ser plenamente consecuentes con ellas”.
Durante los últimos quince años, hasta 2008, nuestra economía creció ininterrumpidamente. Lo hizo, con mayor o menor intensidad; y con mayor o menor intensidad creó empleo hasta alcanzar en 2007 su mejor registro.
Pero durante ese tiempo fue acumulando algunos desequilibrios de los que ya éramos conscientes cuando llegamos al Gobierno en 2004. Nuestra productividad era baja; ocupábamos posiciones muy rezagadas en inversión en Investigación, Desarrollo e innovación; el gasto público en educación también se situaba claramente por debajo de la media europea y la construcción residencial drenaba excesivos recursos del país.
Durante la primera Legislatura, cambiamos radicalmente el signo de la inversión en I+D+i, hasta multiplicarlo por tres en cinco años, duplicamos el gasto en educación, y adoptamos reformas de la Ley del Suelo y de fomento del alquiler para propiciar el ajuste progresivo del sector inmobiliario.
Pero el ajuste no se produjo de ese modo. Se produjo en las peores condiciones posibles, acelerado y agudizado por una crisis financiera mundial de una magnitud extraordinaria. La consecuencia ha sido que, además de provocar un endeudamiento superior al 30% del PIB, el desplome del sector ha originado la mitad de la pérdida de empleo en los últimos dieciocho meses.
Durante el año que pronto concluirá, hemos tratado de contener y paliar los efectos de la crisis con el Plan E. En breve, el Gobierno hará balance público del mismo.
No había precedente sobre una acción anticíclica movilizadora de tantos recursos públicos pero tampoco había precedente, para las generaciones vivas, de una crisis tan global, tan rápida y tan pronunciada.
Ante todo, hemos pretendido mantener en lo posible la actividad y preservar la cohesión social; evitar fracturas graves que, además de injustas, hubieran podido poner en peligro la propia superación de la crisis. Y hemos avanzado también medidas modernizadoras, como, por ejemplo, las que estamos poniendo en marcha con la liberalización del sector servicios.
Ahora, cuando se producen signos alentadores de reactivación, el Gobierno se va a concentrar en impulsarla acelerando las reformas: reformas para corregir nuestros desequilibrios, reformas para mejorar donde ya hemos progresado.
Señorías,
• No podemos seguir con un modelo en el que un solo sector, la vivienda, ha aportado más de un 12% al crecimiento en la última década. Continuará teniendo un papel relevante en la economía española, pero no en la desproporción y en la forma en que lo hacía hasta ahora.
• No podemos seguir con una tasa de fracaso escolar que permanece desde hace más de una década por encima del 29%, cuando en Europa es la mitad. Cabe confiar, en este sentido, en que el Plan de Reducción del Abandono Escolar Temprano que estamos aplicando junto a las Comunidades Autónomas, y que ha contado este año con 121 millones de financiación, dé sus frutos pronto.
• No podemos seguir con una tasa de temporalidad que, aunque ha bajado desde 2006 gracias a los acuerdos con los interlocutores sociales, se encuentra desde hace más de una década por encima del 25%, casi el doble del promedio europeo.
• No podemos seguir con un modelo productivo cuya intensidad energética, aunque ha disminuido más de un 10% en los últimos cuatro años, todavía es un 8% superior a la europea.
• Y, sobre todo, no podemos seguir con una brecha de desempleo tan elevada con respecto al promedio de los países europeos, aunque se redujo de una manera clara durante el anterior ciclo expansivo y alcanzó el nivel europeo en 2007.
Estoy seguro de que, más allá de las diferencias políticas, todos los que estamos aquí compartimos, con parecida convicción, la necesidad de corregir estos desequilibrios estructurales.
Pero también creo que con demasiada frecuencia olvidamos lo que hemos sido capaces de alcanzar.
En poco más de 25 años, hemos multiplicado por cuatro la renta per capita de los españoles y nos hemos instalado definitivamente entre los diez países más ricos del mundo, lo que, a su vez, nos ha abierto las puertas para sentarnos entre ellos en el G20.
En poco más de 15 años, hemos logrado que haya casi 7 millones más de ciudadanos trabajando: hemos pasado de 12 millones a 19. Y eso nos permitido que hoy, cuando nuestra mayor preocupación sea el alto nivel de desempleo, haya más ciudadanos trabajando que los que lo hacían en 2004, en plena fase de expansión.
Durante la próxima década España contará con una población menos envejecida que la media europea y, además, mucho mejor formada: cerca del 40% de los jóvenes alcanzarán los estudios superiores frente al 31% de la media europea.
En la próxima década se incorporarán al mercado de trabajo en España más de un millón de mujeres, y, entre ellas, habrá un 33 % más con niveles educativos superiores. También un incremento muy superior al de la media europea.
Contamos con un capital productivo más moderno. Es el fruto del mayor esfuerzo de nuestras empresas, que han duplicado su inversión en bienes de equipo respecto a la de la media de la Unión Europea.
España tiene un tejido empresarial crecientemente internacionalizado con empresas líderes en el ámbito de las tecnologías de la información y su aplicación a servicios como la Sanidad en línea, la educación o la seguridad. Empresas líderes también, en las telecomunicaciones, la aeronáutica y el sector financiero, la gestión de infraestructuras, las energías renovables, el sector turístico o los contenidos digitales.
En los últimos años hemos realizado también un gran esfuerzo de inversión pública para reforzar el capital físico e innovador de nuestra economía. España va a contar con unas infraestructuras de transporte significativamente por encima de la media europea.
España es ya líder en Europa en la red de autovías y autopistas, y, en alta velocidad ferroviaria. También somos líderes en cobertura de banda ancha y en implantación de la televisión digital terrestre. Junto a ello, hemos dado un salto en nuestra posición relativa en I+D+i. Estamos bien situados, así, en la punta de lanza de la modernidad.
El esfuerzo colectivo, el éxito colectivo, han sido, pues, muy significativos. Podemos y debemos sentirnos orgullosos.
Pero necesitamos seguir haciendo reformas para corregir desequilibrios y reformas para aprovechar nuestras condiciones con el fin de ser más productivos. Con un objetivo: lograr un crecimiento equilibrado de la economía española, que nos permita crear empleo de forma estable y seguir configurando un modelo social más equitativo.
Esta es nuestra concepción de la economía sostenible. A nuestro juicio, el mejor, el único camino posible para que nuestro país pueda garantizar su bienestar en la economía globalizada.
Paso a referirme, en obligada síntesis, a los contenidos de la Ley de Economía Sostenible, cuyo Anteproyecto examinó el Consejo de Ministros el pasado viernes. Inmediatamente después les expondré las otras reformas que el Gobierno se compromete a aprobar en la Legislatura, y dejaré para el final las que podríamos llamar las reformas con ámbito especifico de discusión y preparación; esto es, las laborales, las referidas a pensiones y seguridad social, y las que pudiera adoptar en un próximo futuro la Conferencia de Presidentes. Todas ellas, como les he anticipado, integran la Estrategia del Gobierno para la Economía Sostenible.
Señorías,
La Ley de Economía Sostenible aborda cinco elementos clave para acelerar la modernización de nuestra economía: competitividad, sostenibilidad medioambiental, normalización de la construcción, innovación y formación profesional, e impulso a los sectores emergentes.
Competitividad.
Ante todo, mejorando el “entorno regulatorio” de la actividad económica. Se fija un elenco de principios de buena regulación de la economía que deberán respetar las administraciones públicas, incorporando una reforma de los organismos reguladores con el objeto de reforzar su independencia y facilitar su gobernanza y su rendición de cuentas.
En relación con el sistema financiero, la Ley incorpora a nuestro ordenamiento algunas de las pautas y recomendaciones de los organismos y foros internacionales. Así, se refuerza la capacidad de supervisión del Banco de España sobre los riesgos de carácter sistémico y se amplían las obligaciones de información de las entidades financieras, velando porque las políticas de remuneración sean coherentes con una gestión prudente del riesgo.
La Ley también refuerza la transparencia y el buen gobierno en el entorno privado al imponer un mayor control de las remuneraciones de los ejecutivos de las sociedades cotizadas por parte de sus accionistas y endurecer el régimen fiscal para las retribuciones plurianuales superiores a los 600.000 euros.
La Ley reafirma nuestro compromiso con la estabilidad presupuestaria, estableciendo la obligación del Gobierno de presentar un plan de austeridad y de calidad del gasto, que propondremos también a las CCAA en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y estableciendo la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas ante eventuales sanciones de la Unión Europea.
Una contratación pública eficiente es vital para materializar con el menor coste y en el menor tiempo los proyectos de inversión del sector público, sirviendo, además, como política de desarrollo empresarial. Por ello, se agiliza la contratación, acortando plazos y simplificando procedimientos, e incrementando la transparencia mediante el uso de medios telemáticos que facilitarán la cooperación público-privada. Además, se limitan las modificaciones al alza en los contratos públicos -los famosos “modificados”-, reduciendo costes y favoreciendo la competencia; y se aumenta el porcentaje exigible para la participación de PYMES en la contratación pública.
Como complemento a la mejora en la contratación, es necesario limitar la morosidad de las administraciones públicas. A tal fin, se reducen gradualmente los plazos de pago de 60 a 30 días y se obliga a todas las administraciones a publicar una información periódica sobre su nivel de morosidad. Además, la Ley reduce también los plazos de pago en el sector privado cuando el suministrador es una PYME o un autónomo, evitando así abusos por parte de operadores con posiciones de dominio.
La Ley se ocupa, asimismo, de la reducción de cargas administrativas como elemento para impulsar la competitividad empresarial. Se reduce muy significativamente el coste en términos de tiempo y recursos para constituir una empresa, permitiendo la creación de una sociedad limitada en un sólo día, frente a los más de 40 en la actualidad y se reducen las obligaciones de publicidad en los acuerdos societarios. Además, se suprime la necesidad de licencias municipales de apertura salvo para supuestos excepcionales.
Se modifican los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización de nuestras empresas, permitiendo el apoyo a operaciones con mayor nivel de riesgo y ampliando el sistema de garantías.
En lo referente al segundo elemento clave, la dimensión medioambiental, se incorporan a nuestro ordenamiento los compromisos asumidos en la UE para el año 2020 en materia de emisiones, ahorro y eficiencia energética y renovables. Unos compromisos que representan una oportunidad para impulsar una serie de actividades de la llamada economía verde generadoras de actividad y empleo.
La Ley sienta las bases de un nuevo modelo energético estableciendo una planificación integral de sistema eléctrico que reforzará la certidumbre regulatoria; garantizando un marco de apoyo sostenible al desarrollo de las energías renovables y clarificando la regulación relativa a la vida útil de las centrales nucleares. Además, se realiza una apuesta decidida por la eficiencia energética, con un impulso a las empresas de servicios energéticos y objetivos y obligaciones para la administración en materia de ahorro energético.
También se impulsa la movilidad sostenible fijando un objetivo del 10% de consumo renovable para automoción; estableciendo incentivos fiscales para el uso del transporte público; se imponen obligaciones de compra de vehículos ecológicos a las Administraciones Públicas.; y se condiciona las ayudas al transporte urbano en las grandes ciudades a la puesta en marcha de planes de movilidad.
Este segundo eje se encuentra directamente vinculado con el Pacto sobre Energía que he ofrecido ya en esta Cámara.
Si de Economía Sostenible habla la Ley, era imposible silenciar un componente clave de la misma como es el de la Energía. Si coincidimos en la urgencia de las reformas que la Ley contiene, era imposible demorar su aprobación hasta la conclusión de las negociaciones del Pacto.
Pero hay tiempo y espacio para el Pacto y para incorporar sus eventuales acuerdos en el texto de la Ley. Esforcémonos en alcanzarlos en las próximas semanas.
Tercera cuestión importante de la que se ocupa la Ley: la normalización del sector de la vivienda.
Que no haya ninguna duda sobre esto: el Gobierno considera que el sector de la construcción residencial debe seguir desempeñando un papel muy relevante en la actividad económica y en la generación de empleo en España, pero evitando un crecimiento desequilibrado y desequilibrante para el resto de sectores.
La Ley da un fuerte impulso a las actividades de rehabilitación y renovación urbanas estableciendo instrumentos más eficaces y ágiles de planificación, con mayor participación de los ciudadanos, con más capacidad de los poderes públicos para su desarrollo y ejecución y con más protección para los vecinos afectados más vulnerables.
La rehabilitación encuentra nuevos alicientes: se reforma la ley hipotecaria para abrir nuevas vías de financiación; se reduce el IVA para las obras de rehabilitación de ahorro energético y de agua y de mejora de la accesibilidad; se amplía el propio concepto de la rehabilitación para las deducciones en el IRPF; y se introduce una nueva desgravación en el IRPF para el periodo 2010-2012 en relación con las obras de mejora de la vivienda habitual.
Avanzaremos, así, hacia un modelo de vivienda con un mayor peso de las actividades de rehabilitación, actualmente muy inferior al de la media europea, buscando una mayor generación de empleo y una reducción en la ocupación de suelo y en la amenaza a los entornos naturales.
La ley elimina parcialmente la deducción por inversión en vivienda en los términos que anuncié en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación. Se acaba así con la distorsión fiscal entre el fomento del acceso a la vivienda habitual en régimen de alquiler y de compra.
Además la ley incorpora incentivos fiscales para promover el mercado del alquiler, mejorando el tratamiento fiscal del arrendador al equiparar en la práctica las rentas del alquiler al resto de rentas del capital.
Este conjunto de reformas complementan las ya en vigor en materia de edificación residencial: la ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y eficiencia energética de los edificios, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, la nueva la regulación de las Sociedades de Inversión Inmobiliarias o las diversas líneas de financiación y cobertura del ICO.
Los indicadores más recientes sugieren que estas medidas empiezan a tener efecto. Las cifras de nuevas hipotecas y de compraventas de viviendas han frenado su caída; el mercado del alquiler crece (ya residen en alquiler más del 13% de las familias frente al 11% de 2007), y los visados de reforma y restauración aumentan a un ritmo del 20% anual.
En cuarto lugar, Innovación y Formación Profesional.
El fomento de la innovación y la mejora de la formación deben estar en la base de nuestro nuevo modelo productivo.
La Ley busca impulsar la transformación del conocimiento generado por la investigación en nuevos productos y servicios que reviertan en mayor riqueza y empleo de calidad. Para ello, se aumenta la deducción por actividades de innovación tecnológica de las empresas, pasando del 8% actual al 12%, y se suavizan los límites sobre el total de deducciones de I+D+i aplicables en un ejercicio.
Se agiliza y simplifica el proceso de concesión de derechos de propiedad industrial y se rebajan sus tasas en un 18%. En esta misma línea, se clarifica el marco de la protección del conocimiento generado por los organismos públicos de investigación y se habilitan mecanismos para que los investigadores puedan participar de los mismos, estimulando así su colaboración con el sector privado.
Asimismo, la Ley presta una atención especial al desarrollo de la sociedad de la información como una herramienta habilitadora de la innovación al conjunto de los sectores productivos. Se establece el derecho de acceso a la banda ancha a un precio razonable, independientemente de la localización geográfica; se impulsa el desarrollo de nuevos servicios flexibilizando la regulación de las frecuencias que utilizan las redes móviles, y comprometiendo la asignación de capacidad adicional proveniente del llamado “dividendo digital”, para estos nuevos servicios. Además, se sientan las bases para que las nuevas edificaciones faciliten el despliegue de la redes de Internet de nueva generación.
No cabe duda de que la cualificación laboral es necesaria para poder desarrollar proyectos empresariales innovadores. Para avanzar en esta dirección, la Ley contiene una reforma en profundidad del sistema de formación profesional, ampliando la oferta formativa y permitiendo una mayor flexibilidad a los centros; habilitándoles para impartir cursos de formación para el empleo, además de formación reglada, y promoviendo la integración de la FP superior en los campus universitarios. Adicionalmente, se flexibiliza tanto el acceso a la Formación Profesional, como la movilidad entre la Formación Profesional, el bachillerato y la enseñanza universitaria y se fomenta la enseñanza a distancia. Por último, se incrementa la participación de las empresas en el diseño y ejecución de la oferta formativa, permitiendo acuerdos para que los centros de FP impartan formación en las empresas y que las empresas puedan utilizar las instalaciones de los centros.
La formación profesional es, a un tiempo, política de empleo y educación. El Pacto por la Educación, en el que el Partido Popular y el Gobierno vienen trabajando, debe dar pié a eventuales reformas adicionales en el sistema educativo, que, en su caso, pueden y deben incorporarse a las reformas que ahora inician su curso.
Quinto y último propósito relevante de la Ley: el apoyo a los nuevos sectores.
La mejora de la productividad y de la competitividad necesita de los sectores relacionados con la Tecnología y la Sociedad de la Información. La mejora de la sostenibilidad medioambiental requiere del desarrollo de los sectores que integran la llamada economía verde, las energías renovables, las empresas de servicios energéticos, los servicios de gestión y reutilización del agua o el transporte público. Y la mejora de la sostenibilidad social implica un desarrollo de los servicios socio-sanitarios, especialmente los relacionados con el envejecimiento, así como de los educativos.
Para impulsar en el corto plazo el desarrollo de la actividad y el empleo en estos sectores, imprescindibles para la renovación de nuestro patrón productivo, la Ley viene acompañada de dos Fondos que serán operativos desde el 1 de enero de 2010.
El Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 millones de euros, permitirá a las entidades locales impulsar el desarrollo de parques científicos y tecnológicos; el despliegue y acceso a las redes de telecomunicaciones de nueva generación; proyectos de ahorro y eficiencia energética; de desarrollo de energías renovables; de proyectos de movilidad urbana sostenible; o de centros de servicios sociales y sanitarios. Además, se permite que las Entidades Locales destinen un 20% de sus recursos a gasto corriente destinado a la prestación de servicios educativos y sociales, como la atención a personas en situación de dependencia.
Por otra parte, este mismo mes se presentará, para su aprobación en Consejo de Ministros, el Fondo para la Economía Sostenible, con una dotación de hasta 20.000 millones de euros en 2010 y 2011. El fondo, que será gestionado por el ICO y cofinanciado al 50% por las entidades financieras, se destinará a la financiación de proyectos de inversión por parte del sector privado en los sectores y actividades prioritarios para la sostenibilidad.
Este Fondo contará con cuatro instrumentos de financiación: un Fondo de Inversiones de Capital en Infraestructuras; un Fondo de capital riesgo; una línea de préstamos o avales a empresas; y, finalmente, una línea especifica de préstamos para rehabilitación de viviendas a particulares
Cuatro instrumentos, señorías, con el objeto de orientar la inversión privada hacia actividades que sirvan para reactivar la actividad y el empleo y al mismo tiempo avancen en la transformación de nuestro modelo productivo.
Señoras y señores Diputados, paso a continuación a enunciar las otras reformas que va a ir aprobando el Gobierno a partir de este mismo mes de diciembre.
La transformación progresiva de nuestro patrón de crecimiento productivo no se puede alcanzar con una sola Ley. Necesita -como les decía al principio de mi intervención- de un compromiso de actuación sostenida en el tiempo.
En la Estrategia que ha adoptado el Gobierno se contiene un calendario de las iniciativas legislativas, reglamentarias y de gestión que adoptará el Consejo de Ministros a lo largo de 2010 con el objetivo de que tengan efecto en la presente legislatura. Sin ánimo de ser exhaustivo destacaré las siguientes.
• Un amplio proceso de modernización de la Justicia que tendrá, entre otros, los siguientes hitos: la presentación este mismo mes de una reforma de la Ley del Registro Civil; un Plan de Refuerzo de los Juzgados de lo Mercantil para agilizar los procesos en esta materia; un proyecto de ley de mediación y arbitraje con el fin de potenciar los sistemas de solución extrajudicial de conflictos; la reforma de la ley de Procedimiento Laboral; y un Proyecto de reforma integral de la Ley Concursal. Todo ello manteniendo el compromiso de despliegue de la oficina judicial y el resto de compromisos del Plan de Modernización de la Justicia.
• Una reforma de la Administración para mejorar su eficiencia en apoyo al desarrollo económico y empresarial. Para ello, en enero de 2010, el Gobierno adoptará el paquete de reformas reglamentarias que completarán el proceso de Transposición de la Directiva de Servicios en la Administración del Estado; se pondrá en marcha un proceso para ampliar los procesos en los que rige el silencio administrativo positivo; se presentará un proyecto de Ley de desarrollo del estatuto básico del empleado público, modernizando la estructura actual de cuerpos y escalas, y adecuándola a las necesidades actuales del servicio público.
• Una revisión de nuestro sistema financiero, que ha resistido bien la crisis financiera pero que ahora está procediendo a ajustar su tamaño al de las perspectivas de negocio futuras. Este ajuste debe producirse lo antes posible para que la actividad crediticia favorezca la recuperación de la actividad. Por ello, durante el primer semestre de 2010, el Gobierno, en colaboración con el Banco de España, velará porque el FROB sirva de ayuda efectiva a su proceso de reestructuración y reforzamiento de sus recursos propios.
Con posterioridad el Gobierno promoverá, con el necesario consenso, cambios regulatorios, que incluirán, en su caso, la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros con el fin de reforzar su funcionamiento.
• Refuerzo de la lucha contra el fraude y la economía sumergida: para garantizar la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas, así como la igualdad de los ciudadanos ante la ley así como la defensa de nuestro modelo social, el Gobierno presentarán en el primer trimestre de 2010 un Plan integral de lucha contra el fraude fiscal, laboral y de las prestaciones de la Seguridad social con nuevos medios e instrumentos.
• Un amplio conjunto de medidas para impulsar la innovación y la competitividad de nuestras empresas, incluyendo la presentación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la Estrategia Estatal de Innovación, y la nueva Ley de servicios Profesionales que reducirá las actuales restricciones derivadas de la reserva de actividades a determinadas titulaciones y la colegiación obligatoria.
• Un conjunto de planes de modernización sectorial que incluirá la presentación de un Plan de Competitividad Industrial 2020 que se ocupará tanto de los sectores tradicionales como de los emergentes con atención particular a la biotecnología y las tecnologías sanitarias, las TIC, los sectores relacionados con la protección medioambiental, incluyendo las renovables, y el sector aeroespacial. Para coordinar el desarrollo y ejecución de este Plan, se creará una Comisión Interministerial de Política Industrial en la que se dará voz a los Interlocutores Sociales. Además, el Gobierno presentará también un Plan Integral para la Sostenibilidad de las Costas y Playas Españolas; y dos iniciativas para impulsar la actividad del sector agroalimentario: la Ley de calidad agroalimentaria y el Programa de desarrollo sostenible del medio rural 2010-2014.
• Un paquete de medidas destinadas a impulsar el desarrollo de un modelo energético sostenible y dotar de mayor certidumbre al sector, incluyendo una nueva planificación energética indicativa con horizonte 2020, acorde con los principios de seguridad de suministro, eficiencia económica, y respeto al medio ambiente; un nueva Ley de eficiencia energética y energías renovables; una reforma de algunos aspectos relativos al marco normativo de la energía nuclear; y una hoja de ruta para el desarrollo de un nuevo marco de ayudas al sector del carbón. Además, en aras a la actuación ejemplarizante de la administración en materia de ahorro energético el Gobierno presentará un Plan de rehabilitación energética en los edificios de la AGE que impulsará el uso de empresas de servicios energéticos.
• En el primer trimestre de 2010 presentaremos también un Plan del vehículo eléctrico y un Programa de inversiones en infraestructuras para el transporte sostenible que se licitará durante los ejercicios 2010 y 2011 y que priorizará los accesos ferroviarios a aeropuertos y puertos de interés general, la creación de infraestructuras para actividades logísticas y la extensión de las cercanías ferroviarias y líneas de Alta Velocidad.
Finalmente, Señorías, me dispongo a abordar el planteamiento del Gobierno en relación con las reformas de ámbito especifico.
Creo que la renovación de nuestro patrón de crecimiento exige extender las reformas a todos los ámbitos que condicionan la actividad económica y, por ello, también al marco de las relaciones laborales.
Creo, firmemente, que nuestro compromiso debe ser el de fortalecer la empresa, nuestras empresas, sin debilitar, y mucho menos aún, perjudicar a los trabajadores. Sólo tendremos éxito si logramos conciliar ambos intereses. Y por eso he defendido siempre que el instrumento más dotado de garantías para lograrlo es el acuerdo entre los interlocutores sociales.
El Gobierno no es mero espectador. Es el primer interesado en cuanto a él le compete, antes que a nadie, la defensa de los intereses generales. Por eso, en ejercicio de la iniciativa que nos corresponde, creemos que en el ámbito del Dialogo Social es preciso evaluar, para el primer trimestre de 2010 y con voluntad de acuerdo, los siguientes aspectos:
• El sistema de negociación colectiva para mejorar la flexibilidad interna de las empresas.
• El fomento del uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo.
• La revisión de la política de bonificaciones a la contratación, reorientando los recursos hacia políticas de empleo más eficientes,
• El refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo y la mejora general de la intermediación laboral a través de todos los instrumentos disponibles.
• Medidas tendentes a reducir la dualidad y la tasa de temporalidad del nuestro mercado laboral.
• Otros aspectos como la mejora del control de los procesos de incapacidad y la adopción de medidas efectivas para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres.
Con estas medidas, adaptaríamos nuestro sistema laboral a las necesidades del momento.
Lo haríamos con intensidad suficiente como para que no sea admisible que el juicio sobre el acierto o el error de una propuesta destinada a orientar una nueva evolución de nuestra economía gire sobre la aceptación o rechazo de una muy concreta reforma laboral centrada en exigir un determinado tipo contractual,, una reducción de las indemnizaciones por despido o la exclusión de los conflictos laborales de sistemas de control administrativo o judicial. Este, Señorías, no es nuestro camino.
En el ámbito de nuestro sistema de pensiones, el Gobierno se propone trasladar en las próximas semanas una propuesta a la Mesa del Diálogo Social y a la Comisión del Pacto de Toledo para asegurar su sostenibilidad y su suficiencia en un marco de largo plazo marcado por la evolución de nuestra demografía.
La propuesta del Gobierno se dirigirá a
• Asegurar la estricta correspondencia entre cotización y prestación.
• Culminar con éxito el proceso de integración de los diferentes regímenes del sistema y el proceso de separación de fuentes de financiación.
• Introducir incentivos eficaces para la prolongación de la vida laboral, contemplando para ello la definición de la edad efectiva de jubilación en torno a objetivos en cuyo cálculo se integre la esperanza de vida a partir de los 65 años.
• Una política eficaz de ayudas familiares y a la conciliación y adaptar las prestaciones a las nuevas formas familiares.
Por otra parte, el Gobierno desea trasladar el objetivo de la modernización de nuestro sistema productivo y la lucha por la recuperación económica a la Conferencia de Presidentes que, con tal finalidad, será convocada con una periodicidad al menos anual. Así lo haremos en la que celebraremos el próximo día 14, y a la que han sido invitados los representantes de las organizaciones empresariales y de los sindicatos.
En definitiva, Señorías, el decidido propósito político del Gobierno es que en los próximos meses nuestro modelo económico-social reciba un fuerte impulso modernizador.
Un fuerte impulso modernizador que llegará, con el más amplio consenso posible, de la mano de la Ley de Economía Sostenible, de las demás normas y Planes que irá aprobando el Consejo de Ministros, y de los acuerdos de contenido especifico que se alcancen en el seno del Diálogo social, en la Comisión del Pacto de Toledo y en la Conferencia de Presidentes.
Señorías, concluyo ya.
Se acaba de hacer público el dato de paro registrado de noviembre. Es una cifra que se acerca mucho más a la que se corresponde con un mes de noviembre de los años buenos que a la cifra terrible del año pasado. Pero aunque sea claramente menos negativa que aquélla, abunda en la herida social de los más de 4,1 millones de desempleados de la última EPA.
Desde que comenzó la fuerte destrucción de empleo en nuestro país, dije -y sabía lo que decía- que no podríamos dar por superada la crisis hasta que no volviésemos a crear empleo. Y cualesquiera que sean nuestras diferencias, deberían palidecer ante este apremiante objetivo nacional.
En todo caso, para crear empleo, tenemos primero que impulsar y afianzar la recuperación. El Gobierno está convencido de que la aplicación de este ambicioso conjunto de reformas que les acabo de exponer va a contribuir a ello. Por eso, les pido encarecidamente su colaboración.
Muchas gracias.

Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible: la mejora del entorno económico, el impulso de la competitividad y la apuesta por la sostenibilidad medioa

Notícies del feix-buc. El nostre bon amic, Gonzalo Gayo Corbella, ens envia aquest 'post':

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, un amplio conjunto de cambios normativos destinados a proporcionar un mejor entorno regulatorio a los agentes económicos para que disfruten de una posición más competitiva en el momento en que se inicie la recuperación económica.

El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incorpora un conjunto de reformas estructurales que facilitarán que las empresas y los agentes económicos españoles orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental.

Esta Ley forma parte de una estrategia que tiene como objetivo fundamental sentar las bases para un modelo de desarrollo y crecimiento de la economía española más sostenible. De esta estrategia formará también parte un Fondo de Capital de veinte mil millones de euros, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, y un programa de reformas estructurales con un horizonte de diez años.

La Ley se articula sobre tres grandes pilares: la mejora del entorno económico, el impulso de la competitividad y la apuesta por la sostenibilidad medioambiental.

http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/2009-2/271109-enlaceley
http://www.youtube.com/watch?v=GVdit95FyJo&feature=player_embedded