El Consejo de Ministros aprueba el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. La CORA pide la aprobaciÓn de una nueva LRJA-PAC y reformar la Ley de Subvenciones.

El Consejo de Ministros dio el viernes su visto bueno al informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). El documento recoge un total de 217 medidas que, de ser aplicadas y según cálculos del Gobierno, conllevarían un ahorro de unos 6.500 millones de euros. Dicha cantidad es parte de la estimación global de ahorro de 37.000 millones que el Ejecutivo considera factible recortar con otras medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la Administración Local y las medidas estructurales sobre el empleo público. Todo ello con el horizonte de 2015, cuando se prevé que la implantación de todas ellas sea completa. En materia legislativa el documento realiza varias propuestas, como la reforma de la LRJA-PAC y de la Ley de Subvenciones.

En el marco del Plan de Reforma de la Administración, el Consejo de Ministros aprobó el viernes un Acuerdo para la reducción de las cargas administrativas y mejora de la regulación, que supondrá la simplificación de 63 trámites con la Administración y que permitirá un ahorro anual estimado de más de 478 millones de euros. Del total de las 63 medidas de simplificación, cabe destacar dos que tienen su origen en sendas propuestas del Ministerio de Justicia: implantación de un nuevo expediente judicial electrónico (NEJE) en la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo y la tramitación electrónica de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios. Leer más

PUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL
1. El Gobierno prevé ahorrar 37.000 millones con la Reforma de la Administración.
2. El Plan para simplificar 63 trámites propone el expediente judicial electrónico para la AN y TS.
3. El informe propone suprimir, fusionar o adelgazar 57 organismos.

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Administración de tamaño menor que la media de la OCDE. Según el informe, el tamaño del sector público español no es mayor que el de otros de nuestro entorno; de hecho, es menor que la media del conjunto de la OCDE. También se ha puesto de manifiesto que el enorme aparato burocrático de las Administraciones españolas tampoco es tal, que la inmensa mayoría de los empleados públicos prestan servicios en servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad o las Fuerzas Armadas y que lo que se conoce como “aparato burocrático” es un porcentaje en torno al 25%. 

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La Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), considera necesaria la aprobación de una nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que sustituya o modifique a la vigente LRJA-PAC de 1992, “con el fin de disponer de un texto completo y codificado de la organización administrativa”.
Así consta en el informe Reforma de las Administraciones Públicas, elaborado por dicha comisión a modo de hoja de ruta de la reforma, que el pasado viernes recibió el pase gubernativo del Consejo de Ministros. En línea con la finalidad apuntada, la reforma legislativa busca “dotar de la máxima claridad y coherencia al marco normativo que regula la organización del sector público en España”, señala la CORA.La comisión fue creada en octubre de 2012 mediante acuerdo del Consejo de Ministros, que le otorgó para hacer entrega de su informe un plazo con fecha límite del 30 de junio de 2013. El documento, ha sido presentado como “una auditoría completa de todo el sector público español”, informó el Gobierno.

En cuanto a la reforma de la LRJA-PAC, el informe señala que la parte de la nueva ley dedicada a la Admi-nistración Institucional, “fijará los criterios identificativos de cada tipo
de ente, su sistema de control económico-financiero y el régimen de contratación y de personal”.
También considera necesario reformar la norma en el sentido de que diferentes AA.PP. “puedan estar representadas en una misma entidad”. Además, y según apunta el informe, “la creación de cualquier nuevo organismo o entidad pública deberá ir acompañada de una justificación estricta de las razones que lo motivan, en la que se valore la existencia de posibles duplicidades, y los medios humanos, materiales y financieros de que va a disponer para desempeñar su función, lo que será evaluado periódicamente, de modo que, en caso de no subsistir las razones o los recursos que fundamentaron la constitución de la entidad, se procederá a su extinción”. 

Reforma de la Ley de Subvenciones. En su informe la CORA también considera urgente la reforma de la Ley de Subvenciones una vez transcurrida una década desde su entrada en vigor. Justifica la propuesta en la necesidad de evitar duplicidades en esta materia entre el Estado y las CCAA; delimitar las competencias entre los agentes de las AA.PP. y las entidades que operan en el ámbito privado y una mayor transparencia en la concesión, entre otras. 

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Revista de prensa 

La Reforma de la Administración, cuyos ejes principales obtuvieron el viernes el pase del Consejo de Ministros, han sido objeto de análisis editorial en la prensa del fin de semana. El País, El Mundo y ABC coinciden en la necesidad de que la Administración se ponga a dieta. No obstante, los dos primeros advierten de que, para desplegar sus efectos, las medidas contempladas tienen que salvar antes el difícil escollo de las reticencias de las comunidades autónomas a la hora de devolver o renunciar a determinadas competencias.
“Un pacto difícil”

El País pone en cuestión que sea realista el objetivo de ahorrar 37.000 millones de euros con la aplicación de las medidas contempladas en la Reforma de la Administración presentada por el Consejo de Ministros. El editorial justifica su escepticismo en que “el grueso de ese plan está en función de decisiones que corresponden a las comunidades autónomas, lo cual plantea un problema de primer orden”. Dicho de otra forma, el Gobierno central “no puede hacerlo por sí mismo, por lo que depende “de su cintura negociadora, y sin duda esa es una de las razones del diálogo intentado por Mariano Rajoy con el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba”. El plan ha hecho “reaparecer los temores a la recentralización y la Generalitat de Cataluña advierte que no cederá ni una sola competencia”. Todo ello con la dificultad añadida de que “esa construcción teórica...puede afectar a los estatutos vigentes”. No obstante y ante posibles reticencias, “es verdad que el Gobierno tiene ahora un poder determinante sobre la situación financiera de la mayoría de las comunidades, con lo cual dispone de palancas de presión”. Por tanto, la clave de la reorganización administrativa es que exige grandes dosis de claridad y de consenso”.

“Rajoy debe hacer entrar en razón a las autonomías”

“Las comunidades autónomas se declararon ayer -por el viernes- en pie de guerra contra la reforma Soraya”, escenifica El Mundo en el breve editorial que reservó el sábado para definir su postura sobre la Reforma de la Administración. Añade que “la reacción más hostil fue la de Cataluña: «No devolveremos ni una sola competencia». Andalucía calificó las propuestas del Gobierno de «desatino» y también las comunidades gobernadas por el PP expresaron su rechazo a suprimir organismos como los tribunales de cuentas o los defensores del pueblo”. Según añade el editorial de El Mundo, “parece claro que todas las autonomías se van a resistir con uñas y dientes a reducir su aparato burocrático, fuente de colocación de su clientela política”. Ante esta previsible respuesta a la reforma, “el Gobierno no puede tirar la toalla porque tiene instrumentos coercitivos como el Fondo de Liquidez Autonómica. Al que no cumpla, hay que penalizarle en su financiación. Es la única manera de que entren en razón”. En otro editorial publicado el sábado bajo el título “la privatización de la Sanidad se judicializa”, El Mundo pide que se depuren todas las responsabilidades “si las hubiere” tras la imputación de la cúpula del Gobierno de Madrid que inició el proceso de privati-zación de la Sanidad.

 
“Administración al servicio del ciudadano” 

El diario ABC reserva la apertura de su sección de Opinión a poner negro sobre blanco que “la infanta es ajena al caso Nóos” con arreglo a las conclusiones del informe entregado por la Agencia Tributaria al juez Castro. Siguiendo el mismo esquema de su portada, el rotativo de Vocento lleva la reforma de la Administración a su segundo editorial. La postura del artículo de fondo no presenta fisuras en el respaldo que hace del informe aprobado por el Consejo de Ministros “con el objetivo de evitar costes innecesarios y mejorar la prestación de servicios”. Añade que el plan pivota sobre cuatro ejes, “todos ellos positivos”, como son “el estricto cumplimiento de la disciplina presupuestaria, el adelgazamiento del Estado, la simplificación burocrática y, sobre todo, el cambio de la cultura administrativa para servir mejor al ciudadano”. La necesidad de reducir el déficit pasa por “adelgazar el sector público mediante la eliminación de entes y organismos de dudosa o nula funcionalidad” y por “acabar con las duplicidades autonómicas para simplificar y abaratar el funcionamiento de la Administración”. El sector público “necesita adaptarse a las exigencias del siglo XXI, y la reforma que plantea el Gobierno logrará este objetivo”, concluye.