Fuente: EL PAIS 20/08/2012
· El Ejecutivo baraja nuevas subidas de impuestos y menos gasto en
pensiones si en las cifras de recaudación que presentará Montoro no hay
signos de mejora
Tras un mes de julio histérico y tres semanas de descanso tutelado por
los mercados, el Consejo de Ministros del próximo viernes abre el curso
político con un solo centro de gravedad: la economía española, pendiente de un rescate exterior. Las declaraciones del presidente, Mariano Rajoy han ido del “no habrá rescate” de hace un mes al “vamos a ver lo que hace el BCE y entonces, tomaremos la mejor decisión para los españoles” de ahora. El rescate, suave o duro, parece hecho, y solo está por ver qué condiciones comporta. Fuentes del Gobierno admiten que el gasto en las pensiones,
lo único considerado intocable hasta ahora, ya no lo es; y que los
impuestos podrían volver a subir en breve. Hay que cerrar el año con un
déficit equivalente al 6,3% del PIB y a ese dios se sacrificará lo que
haya que sacrificar.
La petición de ayuda al fondo de rescate, y al Banco Central Europeo (BCE),
para que desinflen el asedio de los mercados enfrenta al Gobierno a una
disyuntiva complicada. El acuerdo del último Consejo Europeo y los
drásticos ajustes asumidos avalan que no sean necesarias nuevas condiciones. Pero condicionar la prima de riesgo española a las compras de bonos que quieran hacer el fondo europeo y el BCE concede a Bruselas un arma de disuasión definitiva ante cualquier desvío del déficit público español.
“No hay nada que nos puedan exigir de fuera que no vaya a hacer ya el
Gobierno en los próximos meses. Rajoy está absolutamente decidido a
cumplir el objetivo de déficit, con rescate o sin rescate”, defiende un
miembro de su Ejecutivo. “Quiere ganarse el crédito de que cumple lo que
prometió. Es muy posible que se tomen medidas mucho más drásticas de
las que en estos momentos tenemos”, añade.
Según las cuentas del ministro de Economía, Luis de Guindos, el Eurogrupo “definirá el procedimiento” del rescate a mediados de septiembre.
Antes de formalizar la petición de ayuda, el Ejecutivo quiere
asegurarse de que está en disposición de cumplir con el objetivo de
déficit. Porque lo que sí comportará el rescate será una exigencia de
información continua a Bruselas sobre gastos e ingresos públicos.
“La evolución del gasto, con los recortes que hemos hecho, más o
menos la tenemos clara; lo que no sabemos es cómo van a ir los
ingresos”, admiten en el Gobierno. En la primera mitad del año la cosa
no fue bien: la recesión y la presión de los mercados —el pago de
intereses ha aumentado en 3.000 millones —, han desbordado las
previsiones del Ejecutivo. La recaudación por IRPF crece, tras el
notable aumento en los tipos, pero no al ritmo previsto. El descalabro
del IVA y, en menor medida, de los impuestos especiales, da fe de la
debilidad del consumo. Y, por cómo Hacienda presenta los datos, es
difícil dilucidar si la reforma del impuesto de sociedades había dado,
hasta junio, el resultado esperado. En conjunto, los ingresos
impositivos descienden un 3,5% en tasa anual, aunque Hacienda limita la
caída al 1,4% por las devoluciones. Muy lejos, en cualquier caso, de lo
que presupuestó para 2012: un incremento a un ritmo anual del 4,3%.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
informará al resto del Gabinete a mediados de septiembre sobre cómo ha
evolucionado la recaudación en verano. “Si los ingresos siguen cayendo,
probablemente habrá que volver a subir los impuestos y volver a recortar
el gasto, aunque aquí ya prácticamente no se puede tocar más”, añaden
esas fuentes.
En la valoración que pueda hacer Montoro habrá casi tantas certezas
como incertidumbres. Hacienda sabe cuánto ahorrará por haber eliminado
una paga extra de los empleados públicos (más de 5.000 millones), pero
no sabrá si las estimaciones que hizo para la subida del IVA (en vigor
desde el 1 de septiembre) o los retoques a la reforma del impuesto de
sociedades (desde el mes pasado) van por buen camino. Y a eso hay que
sumar una incógnita absoluta: cómo irá la amnistía fiscal, que se cierra
a finales de noviembre.
Junto a las incertidumbres, dos certezas lastran el balance: las
cuentas de la Seguridad Social, debilitada por un desempleo incesante, y
las de las comunidades autónomas, retrasadas en el notable ajuste al
que están obligadas, se comerán, como poco, el margen de déficit —del
5,3% al 6,3%—, que Bruselas concedió este año. Y la recesión, más grave
de lo que reconoce el Gobierno, obliga a más ajustes para 2013.
En los impuestos, hay aún margen. Con los tipos máximos del IRPF en
niveles altos para el promedio europeo, algunos expertos apuntan a las
deducciones. Eliminar la deducción por vivienda con carácter retroactivo
(se recuperarían 6.000 millones de ingresos) o por aportaciones a
planes de pensiones (unos 2.000 millones más) va en la línea de lo que
recomiendan organismos internacionales, aunque la factura política sería
alta. Un recargo extraordinario para los más ricos o un nuevo impuesto a
las grandes fortunas, como pide el PSOE, no están en el guion de Rajoy,
pero la crisis ya ha propiciado giros más bruscos.
El Fondo Monetario Internacional aboga por subir más el IVA, pero aprobar otro incremento en 2012, cuando apenas ha entrado en vigor el alza del 18% al 21%,
es una pirueta rocambolesca, incluso ahora. En los impuestos
especiales, Industria pretende establecer un recargo sobre el gas
natural, pero el esquema no está cerrado, ni se puede descartar que no
se extienda a gasolina y gasóleo. Aumentar el gravamen en bebidas
alcohólicas o tabaco es otra opción, como lo es establecer nuevas
figuras tributarias para proteger el medio ambiente, uno de los consejos
habituales de Bruselas.
“El único gasto que queda por tocar es el de las pensiones”, reconoce
el miembro del Ejecutivo. Es la última línea roja, como ha reiterado
Rajoy. Es también la partida de gasto más voluminosa, 115.000 millones
si se incluyen los pagos a funcionarios jubilados. Y un caballo de
batalla de las autoridades europeas, que creen que es un gasto excesivo
en función de la esperanza de vida española, que es un sistema que
acabará empujando la deuda pública más allá del 100% del PIB.
De Guindos confirmó este sábado que se
va a limitar la jubilación anticipada, para acercar la edad de retiro
efectiva a los 67 años que aceptó el Gobierno socialista como nueva edad
legal. Además, se abordará también ya la definición del factor de
sostenibilidad de las pensiones: es decir, que al fijar la edad de
jubilación, la cuantía de la pensión y su revalorización, se tendrán en
cuenta las condiciones económicas y la esperanza de vida. Solo un debate
exprés, extraño al Pacto de Toledo, y una aplicación radical de ese
nuevo criterio —se preveía empezar a usarlo en 2032— podría desembocar
en efectos inmediatos.
Rajoy también puede plantearse anular por las bravas la revalorización de las pensiones —el repunte de la inflación por el IVA y otras subidas de impuestos acarrearán un sobrecoste de unos 3.300 millones—.
Y, desde luego, congelarlas en 2013, aunque eso le obligaría a tragarse
el sapo de hacer lo mismo que criticó con tanta dureza al anterior
presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. En una situación
límite, puede disponer incluso del Fondo de Reserva (acumula 68.000
millones) para cubrir el desfase de las pensiones. Ninguna posibilidad
es descartable, sobre todo si se depende del auxilio europeo. Algo que
ya está asumido dentro del Gobierno: “Aunque la prima ha bajado, la
sensación no es ni mucho menos de que esto haya mejorado. La tensión es
la misma. Estamos muy preocupados”.
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