La reforma fiscal que ha presentado el Gobierno no resuelve el problema fundamental de la Hacienda española, que es su falta de ingresos y contiene varias medidas de marcado carácter antisocial. La rebaja de tipos prevista en el impuesto sobre la renta y en el de sociedades supondrá una menor recaudación que, unida a las exigencias de Bruselas para reducir el déficit y la deuda, presagian un recorte futuro del gasto social, que se argumentará como una necesidad lógica ante la falta de recursos, y también de la Administración.
España es uno de los países europeos con menos capacidad de recaudación fiscal de la Unión Europea. En 2012, el último año del que se disponen cifras comparativas, los ingresos tributarios representaban el 32,5% del PIB; esto situaba a España en el puesto 16 en la lista de los 18 países del euro. Solo Irlanda y Portugal recaudan una proporción menor de impuestos de su actividad económica. La capacidad de ingresos de las administraciones españolas ha caído 4,6 puntos respecto a la de antes de la crisis. Los ingresos fiscales españoles son inferiores en 7,9 puntos de PIB a la media de la zona euro. Esto significa que el conjunto de las administraciones públicas españolas (central, autonómica y local) dispone de 79.000 millones de euros anuales menos para sus servicios y funcionamiento que sus homólogas de la zona euro.
España ha caminado en dirección contraria a la Unión Europea durante la última década. Mientras que la UE ha aumentado el peso de los ingresos fiscales sobre la economía y con ello el gasto público, en España han disminuido. En esta coyuntura, proponer un recorte de la recaudación que tendrá un impacto de entre 5.000 y 9.000 millones de euros, supone distanciarnos más aún de los europeos, tanto en servicios como en equipamientos en I + D para competir.
La reforma sobre la base de rebajar los tipos del impuesto sobre la renta beneficiará a las rentas más bajas, pero sobre todo a las superiores a 120.000 euros. El recorte de tipos no supone una ganancia neta en todos los casos, ya que se neutralizará con la disminución de la deducción general de las rentas de trabajo a partir de 14.450 euros anuales.
La progresividad característica del impuesto sobre la renta quedará muy mermada. Actualmente, los tipos van subiendo hasta un máximo del 52% a partir de 300.000 euros. Con la reforma, el tope se sitúa en el 45% a partir de 60.000 euros. Esta menor progresividad supondrá menores ingresos, lo cual agravará la escasez de medios para muchas necesidades básicas y aumentará las desigualdades. Esto se plantea en el país que ha visto el mayor crecimiento de las diferencias entre los más pobres, por el aumento de los desempleados hasta seis millones, y los más ricos, especialmente los que obtienen ingresos superiores a un millón de dólares, cuyo número ha aumentado en un 27% a lo largo de la crisis y ya son más de 160.000 privilegiados. Este colectivo también se verá beneficiado por la reducción de la fiscalidad del capital, cuyo tipo máximo baja del 27% al 23%.
El impuesto sobre sociedades también registrará una rebaja gradual del tipo desde el 30% actual hasta el 25%. El Gobierno ha subrayado que esta reducción no afectará a la banca, pero no dice que es ella la que lo ha pedido para no perder las ventajas de los beneficios fiscales acumulados. La realidad es que desde 2011 la banca, considerada en su conjunto, no paga impuestos. En 2013, de los 8.790 millones de beneficios declarados, 4.659 millones corresponden a impuestos negativos. Es decir, contabilizan como beneficios los impuestos que dejarán de pagar en el futuro por las pérdidas acumuladas. La realidad es que el tipo de referencia es irrelevante. Las empresas del Ibex pagan un tipo efectivo del 6%.
El insuficiente nivel de recursos fiscales obedece fundamentalmente al fraude y a la elusión fiscal que se refleja en una aumento de la economía sumergida, que creció en 60.000 millones de euros durante la crisis y que ya representa el 24,6% del PIB, según los técnicos de Hacienda de GESTHA. Esta asociación no cesa de reclamar más recursos y una rebaja del umbral para considerar delito fiscal a partir de 50.000 euros desde los 120.000 actuales.
La reforma del PP contiene algunos rasgos antisociales que resultan indignantes: la tributación de la indemnización por despido y la eliminación de la deducción por alquiler de la vivienda. La primera supone un castigo añadido a quienes han perdido el empleo y resulta especialmente rechazable porque se aplicará con efectos retroactivos desde el pasado 20 de junio. La eliminación de la deducción por alquiler es muy dañina para los jóvenes que han logrado independizarse y que suponía un alivio para compensar sus bajos salarios.
El malestar de Bruselas carece de fundamento, ya que su principal preocupación es si la disminución de ingresos puede poner en peligro el calendario de reducción del déficit dogmáticamente establecido, pues su interés primordial es situarlo en el 2,8% en 2016.
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