La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha denunciado hoy
que el anteproyecto de ley de bases de régimen local podría suponer la pérdida de unos 300.000 empleos públicos en los ayuntamientos, el 60 % del total de trabajadores municipales.
La
secretaria de acción sindical de UGT, Carmen Barrera, ha hecho estas
declaraciones a Efe tras presentar un decálogo de propuestas para hacer
frente a las medidas que plantea la ley y que, en su opinión, no ofrece
soluciones en materia de personal y sólo busca privatizar los servicios públicos que prestan los entes locales.
"Parece que no sea importante que se plantee una ley que pueda suprimir servicios públicos", ha señalado.
Barrera se ha mostrado muy crítica con el proyecto de ley al considerar que termina con "el desarrollo democrático" que planteaba que todos los ciudadanos tuvieran "los mismos derechos vivieran donde vivieran", en referencia a la pérdida de servicios públicos en algunos ayuntamientos, y ha añadido que "la ley termina con eso sin ningún tipo de sonrojo".
Este proyecto de ley busca, en su opinión, "preparar" a las entidades locales para que las empresas privadas se encarguen de los servicios que ahora prestan, por lo que el ahorro que supondría el despido de los trabajadores públicos sería "momentáneo" ya que las compañías que presten esos servicios tendrán un alto coste.
La dirigente sindical ha asegurado que "para que salgan las cuentas" se establecerá un sistema de "copago" por los servicios locales, lo que atenuaría aún más el ahorro.
Frente a este proceso que podría afectar al 60 % de los empleados públicos en los municipios, UGT planteará un proceso de negociación "apelando" a las comunidades autónomas para conseguir que las soluciones puedan abarcara a todos los ayuntamientos de cada región.
"Hay que tratar de buscar soluciones tipo paraguas que partan de la comunidad para que afecten a todos su municipios", ha señalado.
Durante ese proceso de diálogo, el sindicato planteará a las comunidades que se apliquen los artículos que ya propuso durante el proceso de redacción del proyecto de ley que, en opinión de Barrera, "mejorarían la ley" pero que "no han sido atendidas".
Entre las reivindicaciones para evitar que 300.000 empleados se vean afectados, UGT solicita que para hacer frente a necesidades de reestructuración de personal se siga el modelo de gestión de la UE.
"Parece que no sea importante que se plantee una ley que pueda suprimir servicios públicos", ha señalado.
Barrera se ha mostrado muy crítica con el proyecto de ley al considerar que termina con "el desarrollo democrático" que planteaba que todos los ciudadanos tuvieran "los mismos derechos vivieran donde vivieran", en referencia a la pérdida de servicios públicos en algunos ayuntamientos, y ha añadido que "la ley termina con eso sin ningún tipo de sonrojo".
Este proyecto de ley busca, en su opinión, "preparar" a las entidades locales para que las empresas privadas se encarguen de los servicios que ahora prestan, por lo que el ahorro que supondría el despido de los trabajadores públicos sería "momentáneo" ya que las compañías que presten esos servicios tendrán un alto coste.
La dirigente sindical ha asegurado que "para que salgan las cuentas" se establecerá un sistema de "copago" por los servicios locales, lo que atenuaría aún más el ahorro.
Frente a este proceso que podría afectar al 60 % de los empleados públicos en los municipios, UGT planteará un proceso de negociación "apelando" a las comunidades autónomas para conseguir que las soluciones puedan abarcara a todos los ayuntamientos de cada región.
"Hay que tratar de buscar soluciones tipo paraguas que partan de la comunidad para que afecten a todos su municipios", ha señalado.
Durante ese proceso de diálogo, el sindicato planteará a las comunidades que se apliquen los artículos que ya propuso durante el proceso de redacción del proyecto de ley que, en opinión de Barrera, "mejorarían la ley" pero que "no han sido atendidas".
Entre las reivindicaciones para evitar que 300.000 empleados se vean afectados, UGT solicita que para hacer frente a necesidades de reestructuración de personal se siga el modelo de gestión de la UE.
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