Decía ser un president valencianista. (article de Vicent Soler i Marco)

Vicent Soler i Marco, naixcut a Rocafort (València) un més entre nosaltres, i un enamorat de Xàbia i de la Marina Alta, es a més de ser 'uns dels d'Alaquas', Catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de València, i Diputat socialista a les Corts Valencianes. (este article es publicat al Levante-emv, del divendres 13 de març)

En medio del vendaval político que le envuelve, el martes pasado en Madrid, el president Francisco Camps dijo cosas bastante jugosas. Una de ellas ha pasado bastante desapercibida y no es justo que así sea. Dijo solemnemente que ha llegado el momento de devolver competencias al Estado. Suponemos que quería decir que hay que devolver competencias a la Administración central, porque las administraciones autonómicas (y los ayuntamientos) también son Estado.

Ríanse ustedes de las energías que dedicaron a recuperar el autogobierno (tras casi tres siglos de despiadado centralismo) los miles de valencianos y valencianas que luchaban por la democracia y la libertad en plena dictadura franquista. Y las inclemencias que sufrieron por ello. Ríanse ustedes del lento, pero aparentemente irreversible, camino de asumir la España de las autonomías por parte de los neo-franquistas enquistados en Alianza Popular (ahora Partido Popular).

Ahora, todo un presidente de la Generalitat dice que el camino recorrido es equivocado y que es mejor que recuperemos el centralismo del pasado. ¿Por qué? ¿Le aburre tener que reponsabilizarse de las competencias que tiene encomendadas, particularmente las sociales: sanidad, educación y servicios de dependencia? ¿Tiene complejo de inferioridad política como valenciano? ¿Le fastidia el control parlamentario cercano?

Habría que recordarle que, sin ir más lejos, España ha crecido más en su etapa de Estado de las autonomías que nunca antes en la historia. Entre otras cosas, porque se ha conseguido sumar la vitalidad que rezuma la España plural y las sinergias del conjunto. Se ha podido practicar las políticas sociales y las económicas específicas con mejor conocimiento de causa sin romper la unidad de mercado conseguida en el siglo XIX. España ha crecido más y lo ha hecho de manera más equitativa. Por ejemplo, la convergencia territorial en renta per cápita ya no se consigue con los métodos brutales del centralismo de otras épocas consistentes en vaciar de población las regiones pobres.

Que los ayuntamientos o las autonomías concreten políticas de gasto y de ingresos por su cuenta tiene que ver con el principio de subsidiaridad, tan importante en una democracia avanzada. Para eso están las elecciones autonómicas y municipales, para pedir responsabilidades de sus políticas. Lo importante es armonizar todas estas políticas, no uniformarlas. Y mejor, que esta armonización se haga a nivel europeo.

Porque, en el contexto de la globalización del siglo XXI y de la crisis actual, el problema es cómo preservar la unidad de mercado en Europa, no en España, y cómo practicar políticas armonizadas comunes. Un propósito bastante avanzado con la asunción de las directivas europeas y la creación del euro, pero en donde hay mucho que hacer aún, si los nacionalismos de estado no continúan poniendo obstáculos.

Además, aunque está feo decirlo ahora en que se le imputan a él personalmente gestiones impúdicas, hay que reclamar la atención del señor Camps en que la corrupción, la ineficiencia y el despilfarro no son inherentes a una determinada administración, por ejemplo, a la autonómica -aunque lo pueda parecer actualmente en los casos madrileño y valenciano-, como obsesivamente plantean los nacionalistas españoles más radicales. Desgraciadamente, hay dosis de ello en todos los niveles de gobierno. ¿O es que Gescartera o los procesos amañados de privatización de las grandes empresas como Endesa, Iberia, Telefónica o Repsol eran de responsabilidad autonómica?

Y, hablando de ineficiencia, si en algún lugar sobran funcionarios es en la Administración central. Para botón de muestra, el Ministerio de Agricultura (ahora, ampliado a Medio Ambiente), con su macropalacio en Atocha y miles de funcionarios y alfombras. Porque las competencias en agricultura hace muchos años que son de la UE (la famosa PAC), que se ejecutan a través de las CC.AA. En el ministerio sólo cabría disponer de un buen equipo de expertos para fijar el criterio español en Bruselas: poca gente y buena porque los intereses agrarios de las distintas partes de España muchas veces son contradictorios.

Duele recordarle estas cosas a quien, nos guste o no, ostenta la más alta magistratura valenciana y simboliza el reencuentro de los valencianos con su mayoría de edad política, con su autogobierno. ¿Qué queda de aquel Francesc Camps que iba pletórico de regeneracionismo y de austracismo (y, por ende, de valencianismo) al principio de su mandato como president?