Notícies del feix-buc: Esperanza Aguirre suspende en dependencia.

Des del feix-buc (facebook), la compañera Carmen Sanchez Carazo, nos envía el siguiente 'post', que publicamos por su interés y semejanza con la situación que padecemos los valencianos por parte del gobierno popular de Paco Camps & Cia.

La Ley de autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia regula el derecho de todas las personas dependientes a ser atendidas, en igualdad de condiciones, independientemente del lugar en donde vivan. La propia ley señala que la competencia de su aplicación es de las Comunidades Autónomas. En otras palabras, en la Comunidad de Madrid, la responsabilidad del funcionamiento de la Ley de Dependencia –al igual que de los Servicios Sociales- es del Gobierno regional y sólo del gobierno regional. Por tanto, Esperanza Aguirre es la máxima responsable de los éxitos y de los fracasos; de los avances y de los retrocesos de la aplicación de la ley de dependencia en la Comunidad de Madrid.
Esperanza Aguirre es la máxima responsable de que Madrid esté a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia y de que suspenda todos y cada uno de los exámenes que sobre ella se han llevado a cabo. Ella, al igual que en otros muchos asuntos –véanse sus declaraciones sobre el espionaje político o la corrupción en sus filas- no asume ninguna responsabilidad. En el caso que nos ocupa, afirma que los malos resultados de Madrid son debidos a que el Gobierno de España destina poco dinero a la Dependencia; algo que evidentemente es falso y que no suscribirían los presidentes de aquellas comunidades gobernadas por el PP y con mejores resultados que Madrid o la Comunidad Valenciana.
Cada vez que Esperanza Aguirre habla del dinero que la Comunidad de Madrid destina a la Dependencia, en realidad se refiere al dinero que destina a los Servicios Sociales, que son, no lo olvidemos, competencia exclusivamente suya. La ley de Dependencia no es un nuevo servicio social, sino un nuevo derecho de ciudadanía. La ley establece que no puede haber en España ninguna persona en situación de dependencia sin la atención que precise, que la administración responsable de dicha atención es la Comunidad Autónoma, que ésta acuerda con los Ayuntamientos cómo participan en su aplicación y que, consciente del esfuerzo presupuestario que supone la aplicación de la ley, el Gobierno de España garantiza financieramente el nivel mínimo de protección de estos nuevos usuarios y coopera económicamente en el desarrollo y aplicación de las prestaciones y servicios contemplados en la ley, habiéndose comprometido las Comunidades a aportar, al menos, el mismo dinero que el Gobierno de España.
En definitiva, la ley implica que las Comunidades Autónomas –y por tanto Madrid- han de elaborar sus Presupuestos teniendo en cuenta las prestaciones y los servicios que venían prestando a sus ciudadanos y los que se precisen para dar respuesta a los “nuevos” usuarios (dependientes o no).
Para la aplicación de la Ley de Dependencia, el Gobierno de España da dinero a las Comunidades por dos vías: El nivel acordado mediante convenio, que es proporcional al número de habitantes de cada Comunidad, y el nivel mínimo, que depende del número de personas dependientes atendidas y que se percibe mes a mes –ya se ha recibido lo correspondiente a enero y febrero de 2009-. Este año, la Comunidad de Madrid ha recibido, además, 38 millones de euros por el Plan-E, fondo de 400 millones de euros para la ayuda a las personas en situación de dependencia.
En la Comunidad de Madrid los presupuestos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de estos últimos años ponen de manifiesto el incumplimiento de los compromisos de Esperanza Aguirre. En 2009, por ejemplo, el aumento del presupuesto de la Consejería (61 millones de euros) es menor que el dinero que recibe del Gobierno de España (alrededor de 100 millones).
En situaciones de crisis económica, como la actual, los servicios sociales son especialmente importantes. Por las prestaciones y servicios que presta y por lo que suponen de creación de puestos de trabajo. Según las estimaciones que hacen los expertos, con la puesta en marcha de la Ley de dependencia se podrían crear en nuestra comunidad unos 40.000 puestos de trabajo.
Por todo ello, yo me pregunto: ¿Qué hace Esperanza Aguirre con el dinero que el Gobierno de España da para atender a las personas en situación de dependencia? ¿Por qué Madrid va a la cola en la aplicación de la ley?
(imagen de la izquierda, y de la derecha) * Carmen Sánchez Carazo es Concejala del Ayuntamiento de Madrid y portavoz de Sanidad, Discapacidad y Mayores. Grupo Socialista.